Por Johnny Fernández Rojas (*)
“Elevase a rango de ciudad a la población de El Alto de La Paz, capital de la Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo del departamento de La Paz”, sentenció la Ley 1014 de 26 septiembre de 1988.
En el acto de entrega a la población de esa histórica Ley, realizado en el Teatro Municipal de la flamante Ciudad de El Alto, el 1 de octubre de 1988, Julio Gárret Ayllón, en su condición de vicepresidente de la República, al referirse al hecho, con palabras que asumieron caracteres de premonición, enfatizó : “El Alto debe construirse como el centro de esta altiplanicie, como la capital del collao, como la capital del altiplano, como la más alta expresión de la capacidad de creación y construcción de la raza boliviana, de los aymaras, y ese será nuestro orgullo..”
A su turno, Hugo Apaza Lima, ex presidente del ente vecinal, a tiempo de agradecer a Julio Gárret Ayllón, por la Ley de la República, que elevó a rango de ciudad a El Alto, fustigó: “los partidos políticos pretendieron adjudicarse la autoría de este proceso, específicamente del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que incluso patrocinó la privación de la libertad de nuestro dirigente cívico Gregorio Romero, para arrebatarle la documentación y adjudicarse como propio”.
Antonio Antequera Bernal, también ex presidente de la FEJUVE en 1989, a ser consultado acerca de este acontecimiento, se refirió: “Son 37 años de plena e incesante construcción de esta ciudad y ello, obedeció con supremacía, a la labor incesante de los dirigentes vecinales de ese entonces”.
Recordó, “una vez lograda el anhelo de la población alteña de crear la Cuarta Sección en 1985, proceso que exigió más de 30 años en gestiones, inmediatamente, se emprendió los trámites para conferir la nueva razón social de ciudad”.
Gregorio Santiago Romero Morales, fallecido en el olvido hace más de tres años, fue el encargado principal para el emprendimiento de las gestiones en el Congreso Nacional, obviamente, sin contar con el respaldo económico, que se requiere para este tipo de acciones, y que demandaron más de tres años.
Romero Morales, que ocupó también la presidencia de FEJUVE, desempeñó un rol determinante en la creación de la Cuarta Sección de la provincia Murillo, con su capital El Alto, y dada su tozudes en todo ese proceso cívico y legal, asumió la responsabilidad para esta nueva y desafiante fase.
Sin embargo, un hecho que hizo tambalear el proceso en la etapa final, fue la detención de este dirigente en instancias policiales, acusado de apropiarse de la documentación, que facilitaría el cambio de razón social a El Alto.
De nada sirvieron sus argumentos del dirigente vecinal y las protestas de las organizaciones populares, para superar este atentado a los Derechos Humanos. No se tomó en cuenta, que los reales responsables del acopio y procesamiento de la documentación, para la presentación del legajo que exige la aprobación de una Ley, fueron la dirigencia vecinal y su principal encargado Romero Morales
Las autoridades municipales y parlamentarias que ejercieron poder en la Alcaldía en 1988, se impusieron. Previa la firma de un acta policial, que conminó la entrega de todos los pormenores documentales de ese proceso a la dirigencia mirista, condicionó la liberación del citado dirigente vecinal.
Consumado este atropello, la directiva del partido de Jaime Paz Zamora, aprovechando su influencia y prerrogativa política en el Parlamento Nacional, procedió con los quehaceres burocráticos, labores que viabilizaron, la aprobación y promulgación de la Ley 1014 de 26 de septiembre de 1988.
La dirigencia cupular mirista, solía montar escenarios descomunales para cualquier tipo de evento, y este hecho, exigió un despliegue humano, logístico, protocolar y festivo, sin igual para su presentación, y entrega a la población, de dicha disposición legal.
El 1 de octubre de ese año, fue la fecha para la celebración popular, precedido por un acto formal en el Teatro Municipal. Participaron del mismo, el vice presidente de la República, Julio Garret Ayllón, el obispo alteño Mons. Jesús Juárez, el presidente de la Cámara de Diputados, Walter Soriano Lea Plaza y otras autoridades parlamentarias y lógicamente, las municipales. Fue notorio, la presencia de la militancia de ese partido político, y el relegamiento a sus legítimos gestores: los dirigentes vecinales.
Esa ocasión fue la única de esa naturaleza para ese propósito, porque los siguientes años, la fecha no ameritó actos orientados a relievar el logro de esa singular norma. Excepto hace algunos años, la Fundación “JFR”, y en varias ocasiones, reunió a la dirigencia de ese entonces, para la celebración de una misa en memoria de los extintos dirigentes y vecinos, que trabajaron en la construcción de esta ciudad.
Pese a las ingratitudes de las autoridades municipales, incluidas las actuales, el conjunto de la población alteña detenta ese título, con orgulloso espíritu patriótico.
(*) Johnny Fernández Rojas es periodista e historiador alteño elalteniano@gmail.com