El director de Empleo del Ministerio del Trabajo, César Siles, aclaró a Cambio que la única entidad oficial para abrir una bolsa laboral es el Gobierno, a través de la Unidad Promotora de Empleos (UPE).
“Esta instancia es la que cumple de intermediaria entre la oferta y la demanda del mercado laboral, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley General del Trabajo”, señaló Siles.
El artículo explica que “el contrato de enganche es el que tiene por objeto la contratación de trabajadores, por persona distinta del patrono, para faenas que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia habitual. Sólo el Estado podrá, en lo sucesivo, actuar como intermediario entre patronos y trabajadores, organizando servicios gratuitos de enganche. El traslado de los trabajadores se hará conforme a lo determinado por el Art. 9 de esta ley”.
Sin embargo, la norma sólo dice quién se hace cargo del ‘enganche’ de empleos y no establece sanciones para quienes incurran en la apertura de las agencias. Ante esta situación, la Dirección de Empleo presentó un proyecto de decreto supremo al Ministerio de la Presidencia para que sea puesto a consideración en la reunión de gabinete de esta semana.
“Se trata de un marco legal más fuerte para sancionar a las comerciales que a la vez son agencias privadas de empleo. Con el decreto tendremos un marco legal específico para proceder a la clausura de estos negocios”, dijo Siles.
Además, el decreto pretende consolidar los servicios públicos de empleo con mayores recursos. Transfiere a las prefecturas y gobiernos municipales su promoción en el marco de las autonomías.
Una investigación de la Dirección de Empleo concluye que la ciudad de El Alto tiene 161 comerciales legalmente establecidas, Cochabamba 44, Santa Cruz 42 y La Paz 14, pero que no deben funcionar como agencias de empleo.
Todas están registradas en las unidades de Promoción Económica de las alcaldías y tienen su Número de Identificación Tributaria (NIT). “Se convierten en ilegales cuando incurren en ofrecer empleos”, dijo Siles.
Explicó que las comerciales deben dedicarse exclusivamente a la compra y venta de bienes inmuebles, y no ser intermediarias de empleo.
Las comerciales venden direcciones de posibles trabajos
A pesar de lo que establece el artículo 31 de la Ley General del Trabajo, Cambio constató que las comerciales ofertan en pizarras o cartones avisos laborales, pero sin dar la referencia del empleador porque los interesados deben pagar al intermediario entre tres y cinco bolivianos por la dirección o número telefónico.
Los avisos que se observan dicen: “se precisa señoritas con o sin experiencia para diversos trabajos, medio tiempo y completo”; “se requiere jóvenes para trabajar en el interior, se paga buen sueldo”.
Gran parte de estas agencias se encuentran en la Ceja de El Alto, frente a la plaza Juana Azurduy de Padilla, en avenidas y calles de Villa Dolores y la zona 12 de Octubre, 16 de Julio, Río Seco, entre otras.
Algunas son sospechosas de ser empresas reclutadoras de niños, niñas y adolescentes, que con el engaño de jugosos sueldos son víctimas de trata y tráfico de personas para explotación laboral o sexual fuera del país, según afirmaron algunos vecinos consultados.
El convenio 96 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que “mientras se produzca la supresión progresiva de las agencias de empleo, éstas se someterán a supervisión de la autoridad competente”. Es decir, da un plazo a todos los países para cerrar de manera progresiva estos negocios. (Cambio)
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