Por Abdón Zárate (*)
El primer petardazo tuvo una participación masiva en fecha jueves 30 de abril, el mismo que se realizó como una primera manifestación democrática, en unos casos solicitando elecciones generales y en otros por un rechazo al autoritarismo del gobierno, utilizando un medio particular de protesta: el petardo. Para ésta segunda autoconvocatoria por las redes sociales, se buscó realizar un “petardazo, cacerolazo y wiphalazo” el domingo 10 de mayo, que a pesar de una participación heterogénea, tuvo una mayor acogida, una acción política que manifiesta nuevos matices que conviene analizarlos.
Los lenguajes políticos para esta manifestación tienen variados significados de protesta, los cuales en tiempos de cuarentena, reflejan mensajes específicos:
El petardazo es un medio que conlleva un mensaje político que rechaza el autoritarismo y prorrogismo del actual gobierno de transición, siendo que según la Constitución Política del Estado se conmina a la actual presidenta transitoria, quien asumiera la presidencia en fecha 19 de noviembre 2019, a orientar su accionar hacia la realización de las elecciones generales, el mismo que literalmente en el Art. 169 numeral I, se ordena, “se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”, plazo superado por la coyuntura sanitaria. Por otro lado, esta manifestación parece reflejar una necesidad de buscar del gobierno el respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto de San José de Costa Rica (1993), muchos de los cuales se encuentran en la Constitución como el derecho a la “vida”, “trabajo”, “salud”, “seguridad social”, “información” entre otros. Varios derechos están siendo restringidos en mérito a un derecho superior, el derecho a la vida, pero que al no satisfacer las demandas de los ciudadanos, las acciones del gobierno aparecen como una imposición desde el poder, muy alejado de la población. La información insuficiente y hasta incoherente de los infectados, además de las limitaciones de atención a los posibles infectados por la existencia de pruebas COVID-19 limitadas, atenta contra la salud y la vida misma. La “Cuarentena Total” (D.S. N° 4200) no viene acompañada de estrategias que busquen una adecuada implementación de políticas sociales que vayan en beneficio de los bolivianos.
El cacerolazo es un medio que conlleva un mensaje económico, que rechaza la falta de medidas económicas que satisfagan una cuarentena que tiene encerrados a los ciudadanos por más de un mes, desde el 26 de marzo, yendo al segundo mes, que a pesar de la implementación de medidas paliativas como el bono familia, el bono escolar, la reducción de costos de facturas de agua y luz; estas medidas son insuficientes para paliar las necesidades de las familias de escasos recursos. Esta realidad económica se refleja en las calles, en las largas filas para el cobro de los bonos, generando aglomeraciones peligrosas para el contagio del virus. Por otro lado, la necesidad que tienen muchas familias en la consecución de recursos para vivir el día a día, hace que muchas personas deban romper la cuarentena obligados por la necesidad.
El wiphalazo es un medio que conlleva un mensaje cultural que hace referencia a la memoria corta, que pide que se investigue la masacre de Sacaba y de Senkata donde hubieron varios muertos, heridos y arrestados. Por otro lado, el uso del símbolo indígena parece recordar la necesidad de su desagravio por el maltrato a éste símbolo patrio (Art.6 de la CPE) por parte de algunos policías, que hasta ahora no han sido sancionados. Es un símbolo que representa a todos los bolivianos, pero que identifica a la población indígena en especial.
Democracia de alta intensidad
En esta sociedad de crisis sanitaria los ciudadanos se ven obligados a asumir una medida que si bien busca el bien mayor de “salvaguardar la vida”, la misma tiene una resistencia en cuanto los ciudadanos se encuentran en el dilema de “morir por el coronavirus” o “morir de hambre”, hace que la población busque estrategias de manifestación pública.
Ciertamente, existe un colapso de expectativas: quien come hoy no sabe si comerá mañana, quien estudiaba en una universidad no sabe si continuará con los mismos, incluso, quien está vivo no sabe si mañana seguirá con vida. Esta realidad hace que los ciudadanos busquen maneras de hacer conocer su malestar social.
Las acciones políticas de la población plantean una nueva gramática social sobre la democracia, que vaya más allá de la democracia formal, la misma que se encuentra escrita en los documentos jurídicos que le dan institucionalidad a una sociedad, pero que muchas veces limita la misma participación ciudadana. Siendo que los momentos más creativos de la democracia están fuera de la formalidad democrática, el sociólogo Boaventura de Sousa Santos nos plantea la necesidad de comprender la sociedad actual como parte de un sistema político democrático de alta intensidad.
Las expresiones democráticas de distintos bandos en la sociedad, reflejan una creatividad social en la expresión de su voz. La historia de las luchas sociales reflejan que en su momento, los pueblos, organizaciones, asociaciones, colectivos utilizaron las calles a través de las marchas, bloqueos o huelgas; ahora han tomado otras fisonomías desde las propias casas, como los petardazos, cacerolazos o wiphalazos. Son formas de reinvención de la lucha política, cuyas demandas buscan que sean reconocidos por los detentadores circunstanciales del poder.
En países que las demandas no son satisfechas por los gobiernos de turno están generando una nueva gramática política, así “las experiencias concretas de pueblos y comunidades en diferentes partes del mundo que están reinventando la democracia, una democracia de alta intensidad, a través de iniciativas populares” (Santos, 2004, p.56). Estas iniciativas populares son nuevos lenguajes políticos de lucha.
“La democracia de alta intensidad es la democracia que sustituye relaciones de poder por más relaciones de autoridades compartidas” (Santos, 2004, p.60). Esto supone escuchar las demandas de los ciudadanos para quienes los espacios de decisión política deben ser compartidas por toda la sociedad, evitando reducir estas decisiones a la clase política, siendo que “la soberanía reside en el pueblo boliviano” (Art. 7, CPE). La búsqueda de compartimiento debe darse, claro está, en la familia, en la calle, en la escuela, en la fábrica, en la Universidad; es una alternativa de socialización de la misma democracia.
Es así que instituciones como la FEJUVE de la ciudad de El Alto puede emitir su Instructivo orgánico N° 010/20 para “participar respetando la cuarentena, desde sus domicilios al gran wiphalazo con el embanderamiento general en nuestros domicilios con la wiphala como símbolo patrio” y al “gran petardazo” “por el respeto a la libre expresión y fuero vecinal y sindical” firmado por su ejecutivo Fernando Condori, con fecha 9 de mayo de 2020. Son prácticas de lucha política desde las instituciones del pueblo que buscan incidir en las decisiones del gobierno, mínimamente buscan ser escuchados.
¿Estado de Seguridad Nacional?
Es importante recordar que el actual “gobierno de transición” se ha caracteriza por imponer sus decisiones teniendo como apoyo fundamental a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El cumplimiento de las decisiones a través de la coerción de la fuerza, hace de éste gobierno un gobierno de tintes autoritarios. Esto se evidencia con las acciones concretas de estas instituciones como ejemplificativas. Al día siguiente del primer petardazo algunos vecinos salieron a hacer conocer su descontento contra las medidas del gobierno, el 1° de mayo, pero fueron reprimidos y arrestados, así en los medios de comunicación se reflejaba: “Policías y militares levantan bloqueo en Puente Vela” (La Razón, 01/05/2020), participantes de dicha acción eran comerciantes de Puente Vela que a necesidad de llevar un pan a la casa, manifiestan su descontento con las limitaciones a las ferias barriales.
Otro hecho ejemplificativo es que un día antes al segundo petardazo: “Militares despliegan operativo en Santa Cruz y desfilan en Cochabamba para motivar a la población” (Eju.tv. 09/05/2020), que bien podría decirse, para persuadir coercitivamente para evitar cualquier manifestación en contra del gobierno.
El filósofo Franz Hinkelammert acertadamente manifiesta que “el ejercicio democrático del poder, tiene que asegurar que todo poder se ejercite en función del conjunto social, de todos los sujetos. Por lo tanto, tiene que asegurar un orden económico tal que todos puedan integrarse en la sociedad sobre la base de su trabajo, del cual derivan un ingreso que les permita un nivel de vida digno según el juicio de todos” (1990, p. XII). El gobierno ha aprobado un Decreto que busca implementar el “teletrabajo”, que si bien beneficia a los trabajadores en instituciones públicas y privadas, se olvida de los trabajadores informales, como los comerciantes, los peluqueros, las trabajadoras domésticas, los choferes, los cuales no podrán hacer uso de esta modalidad de trabajo.
Al generar políticas laborales segmentadas por parte del gobierno, estas medidas pueden ser rechazadas y hasta resistidas, llegando la población a romper la cuarentena.
La defensa de una democracia formal desde el gobierno, sin comprender las demandas de la población pueden conducirnos a aplacar las reivindicaciones populares utilizando la fuerza militar y policial. Esto nos puede conducir a un discurso de Seguridad Nacional (la vida, la democracia, la patria) basado en el miedo al gobierno. En éste tipo de gobiernos, “debe producirse un trauma de terror, capaz de promover la aceptación pasiva de la postergación de problemas concretos a un futuro ilimitado, que nunca vendrá. El miedo de que vuelva el terrorismo de Estado, es el resorte del regreso a la democracia pura y sin apellido” (Hinkelammert, 1990, p. 227), esto es, la defensa de una democracia formal por el gobierno que no acepta las disidencias, mucho menos las revueltas populares.
Esperemos que el gobierno genere estrategias de diálogo democrático con los distintos actores sociales y vecinales, a fin de lograr una convivencia pacífica en base al consenso. La coordinación con los distintos sectores y no la imposición parece ser la metodología en escenarios de democracia de alta intensidad.
Bibliografía
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Bolivia: Vicepresidencia de la República/Repac.
Hinkelammert, Franz (1990). “Democracia y totalitarismo”. 2da Edición, Costa Rica-San José: Departamento Ecuménico de Investigación (DEI).
Santos, Boaventura de Sousa (2004). “Democracia de alta intensidad. Apuntes para democratizar la democracia”. Bolivia- La Paz: Corte Nacional Electoral.
(*) Abdón Zárate es filósofo.
Abdón Zárate es filósofo y abogado, docente en la Universidad Pedagógica, presidente de la Asociación Boliviana de Filosofía (ABOF) e integrante de la Comunidad de Estudios de El Alto (CERCO).