14 de mayo de 2020. El Gobierno de Jeanine Áñez derogó las la disposición adicional del Decreto 4231, que penalizaba a la desinformación y atentaba contra la libertad de expresión. Este polémico derecho, que recibió críticas de distintos sectores, fue promulgado por Áñez el 7 de mayo de 2020, y su disposición adicional decía:
«Se modifican el Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020; y el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, con el siguiente texto:»
«Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal».