Bolivia enfrenta el desafío de diversificar su matriz energética, que actualmente depende en gran medida del gas natural, un recurso no renovable que sostiene casi el 70% de la generación termoeléctrica del país, según el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
En tanto que las plantas hidroeléctricas representan el 21%, mientras que las energías renovables no convencionales, como la eólica, solar y biomasa, alcanzan solo el 10%.
“La Generación Distribuida consiste en que los propios usuarios produzcan su electricidad mediante tecnologías renovables, principalmente a través de paneles solares fotovoltaicos. Este mecanismo no solo impulsa el uso de energías limpias, sino también democratiza la generación eléctrica al permitir que los consumidores se conviertan en productores, fortaleciendo así la transición energética en Bolivia”, refiere el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.
Entre los beneficios de la Generación Distribuida destacan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo al cumplimiento de los compromisos medioambientales internacionales; y el ahorro de gas natural, utilizado en plantas termoeléctricas, preservando este recurso no renovable.
Y esto repercute en la disminución de costos en las facturas de electricidad de los usuarios y la generación de empleo local en el marco de la transición energética.
El 24 de marzo de 2021, el Gobierno promulgó el Decreto 4477, que regula la actividad de Generación Distribuida, estableciendo condiciones generales y el mecanismo de retribución por la energía eléctrica inyectada a la red de distribución por parte de los usuarios.
El 5 de junio de 2024, se aprobó el Decreto 5167, que modifica la normativa anterior con el objetivo de ampliar los beneficios a los usuarios de Generación Distribuida.
Este nuevo marco normativo busca reducir las facturas de electricidad de los hogares y empresas, disminuir las emisiones de GEI para lograr ciudades más limpias, reducir el consumo de combustibles fósiles en la generación eléctrica, avanzar en los compromisos internacionales de cambio climático (NDC – meta 2) y fomentar la economía local mediante empleos vinculados a la transición energética.