Por Abdón Zárate (*)
Crisis social como contexto
La crisis social, por todos conocidos, se manifiesta en temas como la salud, la economía, la educación y la política. La causa de las distintas movilizaciones de los sectores sociales estuvo relacionado directamente con la modificación de la fecha para las elecciones generales, del 6 de septiembre al 18 de octubre de 2020, por el Tribunal Supremo Electoral.
Titulares en los medios de comunicación en estos días reflejaban esta realidad. Como ejemplos veamos algunos: “Múltiples demandas de sectores complican diálogo y salida a la crisis” (Los Tiempos, 13/08/2020), “Ley ‘blinda’ fecha de elecciones pero los bloqueos se mantienen” (Correo del Sur, 13/08/2020), “Añez promulga la ley de elecciones y dice que implica la ‘segunda pacificación’ del país” (La Razón, 13/08/2020).
Los grupos sociales movilizados manifiestan una clara desconfianza en las instituciones del Estado, generando una anomia social. Las condiciones iniciales de la asunción del gobierno actual; las masacres en sacaba y senkata; el discurso del republicanismo como ideología desde el gobiernos; la falta de políticas económicas ante la crisis sanitaria; la falta de insumos en los hospitales, son sólo algunos de los factores que deslegitiman al presente gobierno.
Las organizaciones populares y pueblos indígenas hicieron conocer su descontento con este gobierno, a través de bloqueos de caminos, incluso formándose grupos irregulares, cuyas organizaciones se constituyen en canales de viabilización de estas demandas insatisfechas. Por otro lado, los sectores afines al gobierno también generan organizaciones irregulares, con denominaciones como la “resistencia cochala” en Cochabamba a fin de defender el régimen actual; mientras que desde las provincias aparecen organizaciones como la “juventud waris” desde Warisata, como respuesta a estas organizaciones irregulares promocionados por los adeptos al gobierno. Ambos bandos tenían en su posesión armas caseras y armas de fuego, los cuales eran expuestos públicamente en distintas concentraciones locales. Desde las organizaciones populares podíamos escuchar cánticos como: “Ahora sí, guerra civil”, como respuesta ante la impotencia de la pérdida de poder de un gobierno indígena anterior, las masacres realizadas en noviembre de 2019 y la falta de legitimidad de los gobernantes.
¿Guerra Civil?
Las manifestaciones de los distintos sectores civiles y organizaciones sociales, se podría decir, habían reavivado ciertos instintos naturales, en principal, el sentimiento propio de autoconservación. Tomas Hobbes nos plantea que uno de los sentimientos naturales sería la desconfianza mutua, a fin de que una colectividad se proteja, así, desembocar en la posibilidad de dominio por medio de la fuerza. “Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos” (2013, p. 88).
Esto nos retrotrae a la posibilidad de la generación de una guerra civil. Esta guerra civil entendida como un conflicto que enfrenta a habitantes de un país, cuya lucha violenta se da por diferentes intereses e ideologías, que pretenden imponerse por la fuerza. Las razones pueden ser políticas, étnicas y religiosas. Manifestaciones en los líderes políticos, los pueblos indígenas y el uso político de la biblia pueden ser algunas de sus manifestaciones específicas.
Este escenario de posibilidad de guerra civil vino acompañado por un racismo político. Inicialmente debemos definir el racismo, como sigue: “El racismo consiste en caracterizar a un conjunto humano por algunos atributos naturales, los cuales son asociados a algunas características intelectuales y morales que valen para todo individuo procedente de ese conjunto y, a partir de ahí, eventualmente, poner en acción práctica de inferiorización y de exclusión” (Wieviorca, 2002, p. 7). Este racismo considera que los que tienen rasgos fisiológicos distintos serían las condiciones naturales se su superioridad, sea de uno u otro lado.
El racismo político sería, entonces, que las instituciones estatales, las organizaciones políticas y los actores políticos manifiestan discursos de discriminación y segregación. Estos enfoques racistas, desde la política, consideran que una nación o grupo social tiene ciertas peculiaridades que incluye a unos y excluye a otros.
Como ejemplo, tenemos ciertos sectores civiles institucionalizados que reflejan un racismo político. La expresión del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en su mensaje decía: “Este comité no descansará hasta ver tras las rejas de la ignominia a estas bestias humanas, indignos de ser llamados ciudadanos; colonos que muerden la mano a esta tierra que les abre los brazos para que salgan del a pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta”(12/08/2020), como respuesta a los grupos sociales que habían realizado bloqueos por varios días, en las distintas carreteras de Cochabamba y Santa Cruz, quienes solicitaban el respeto de la fecha de elecciones para el 6 de septiembre. El uso de términos como “bestias humanas”, refleja claramente un tinte racista, refiriéndose a los bloqueadores, quienes serían distintos a los “ciudadanos”, que no harían bloqueos, pero que se les estaría permitido “desbloquear” con sus propias manos, generando un espacio de posible guerra civil.
Como respuesta, desde los sectores indígenas aparece el líder indígena Felipe Quispe “El Mallku”, quien en una entrevista en un programa televisivo dirá: “Soy del kollasuyo, soy aymara” como una respuesta a la exclusión de los pueblos indígenas desde las instituciones del Estado promocionado por el presente gobierno. Por eso, cuando le preguntan sobre la posibilidad de generar una unidad con los sectores de la élite económica y política, responde: “Yo no puedo hermanarme con mi verdugo” (14/08/2020), refiriéndose a Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jeanine Añez y quienes son parte del gobierno actual.
Al mismo tiempo, distintos sectores en el departamento de La Paz, movimientos sociales, organizaciones sindicales, pueblos indígenas se habían concentrado en la Ceja de El Alto en un cabildo el día viernes 14 de agosto, cuyo titular posterior era: “Cabildo campesino rechaza levantar bloqueos y pido la renuncia de Añez” (La Razón, 15/08/2020), sin embargo, día después habían decidido desde las comunidades, levantar los bloqueos, manteniéndose en estado de emergencia. Por su lado, los sectores más institucionalizados como la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, habían decidido dar un cuarto intermedio, hasta el 18 de octubre.
Estas decisiones tienen que ver con la “desconfianza” ante las instituciones del Estado, en particular el ejecutivo y el electoral.
Estado Plurinacional como pacto social
Estas posiciones contrapuestas no permiten lograr una sociedad donde la integración sea la salida a la crisis social. Sin embargo, es importante recordar a los gobernantes y gobernados que, tenemos una Constitución Política que refleja nuestro pacto social aceptado, a fin de lograr un convivencia pacífica. Entendido, el pacto social, como el hecho de que: “Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y recibimos en cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo”. (Rousseau, 1978, p. 17).
El Estado debe ser una institución de aglutine a sus componentes, el mismo que se desenvuelve a manera de un organismo que tiene vida propia. El Estado puede encarnarse en cada uno de sus integrantes, siempre que se respete ese pacto inicial, no sólo por los gobernados, sino también y fundamentalmente por los gobernantes.
El 25 de enero de 2009 mediante un referéndum se aprobó la Constitución con un 61.4%, es decir, fue aprobado por la mayoría de la población boliviana, documento que sirve para regular la conducta de los gobernantes y gobernados. La Constitución Política resume nuestra identidad como sociedad:
Artículo I. Bolivia de constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Lo plurinacional es la materialización de la diversidad de lenguas, culturas e instituciones; éste concepto debe servirnos como recurso de respeto al otro y la vida en la diversidad. Aceptar al otro diferente, no supone someterlo o imponerse, supone verlo como igual con quien se puede y debe dialogar. Decidimos constituir un Estado Plurinacional; la consolidación definitiva de ese pacto inicial debe ser nuestro horizonte como país.
Bibliografía
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (2009). La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.
HOBBES, Thomas (2013). Leviatán. Buenos Aires: Ediciones Libertador.
ROUSSEAU, Juan Jacobo (1978). El contrato social. 3ª Edición, 3ª reimpresión. Madrid: Aguilar.
WIVIORKA, Michel (2002). El racismo. Una introducción. La Paz: Plural Editores. Medios Digitales.
(*) Abdón Zárate es coordinador del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Pública de El Alto.
Abdón Zárate es filósofo y abogado, docente en la Universidad Pedagógica, presidente de la Asociación Boliviana de Filosofía (ABOF) e integrante de la Comunidad de Estudios de El Alto (CERCO).