Masucos & Vandálicos, de Alison Spedding

Por Joaquín Tapia Guerra (*)

Hay estudios que sugieren que el afán de América Latina por las reformas constitucionales no siempre va acompañado de un afán por el constitucionalismo en sí mismo. Bolivia en particular ha tenido un total de diecinueve constituciones a la fecha, lo que parece un número grande para un país que tiene 200 años de edad. Es casi una constitución por cada década, así que podría ser un signo de inestabilidad regulatoria permanente, incluso abierta chicanería. Por ejemplo, Jorge Valenzuela, un arquitecto urbanista, señala que el artículo 298, párrafo II de la constitución Boliviana de 2009 tiene un detalle muy preocupante: da exclusividad al gobierno central en el registro de tierra para zonas rurales, dejando su obligación de coordinar con gobiernos municipales en terreno ambiguo. En combinación con algunas leyes que regulan mercados campesinos, esto podría ser una medida legislativa para cooptar apoyo político por medio del soborno. Lo que sigue es mi reseña del último libro de Spedding sobre el tema de los Yungas, que aporta pruebas para respaldar esta hipótesis.

Primero un breve resumen

Masucos & vandálicos es un reporte sociológico sobre el deterioro de las relaciones entre cocaleros de los Yungas y el gobierno del MAS. Está dividido en dos capítulos largos, el primero relata y explica una escalada de luchas ocurridas entre 2017-19, el segundo vuelve algo atrás (2002-19) para discutir los cambios en la regulación de mercados de la coca y sus efectos en la estratificación del campesinado moderno. Toda observación que se da en el libro fue hecha in situ o citando otros trabajos de campo. Spedding defiende ese método porque, dice, muestra los pros y contras de la política sindicalista con pruebas en vez de “teoría”. Esta crítica está dirigida tanto a la sociología Boliviana en general como a la denuncia de que el MAS ha ejercido una “dictadura” entre 2014-19. Para Spedding, este partido político parece ser más bien de carácter “totalitario”, como el de Mao, Hitler o Stalin, y encuentra que leerlo de otra forma sería “equivocado”.

Spedding nació en Inglaterra y estudió antropología en Cambridge y en la London School of Economics and Political Science. Vino a Bolivia a fines de los 1980s para completar su doctorado y ha vivido desde entonces en el país. Esto es en parte porque en 1998 ella fue afectada directamente por la ley 1008, una ley Boliviana de control de drogas que está todavía en vigor si bien parcialmente reemplazada, porque se la halló en posesión de 2kg de marihuana — para su propio consumo, no para venta ambulante. A causa de eso estuvo en prisión hasta el año 2000 y aún está legalmente arraigada, así que no puede dejar el país. Ha enseñado en la UMSA desde su llegada a Bolivia hasta ahora, aun en prisión. Pero además de ser una académica, ha sido cocalera desde 1991 e incluso ha dirigido su central agraria en dos ocasiones, 2012 y 2018. Habla español y aymara con fluidez y ha escrito libros de antropología y también ficción. A la fecha de este post tiene nueve novelas, un libro de cuentos y como diez libros de antropología bajo su nombre. Masucos & vandálicos, publicado en 2020, es su libro más reciente de noficción.

El libro en cuestión

La tesis de Spedding es que en virtud de su actitud “politiquera” y su “falta de decisión”, el sindicalismo agrario en los Yungas fue blanco de un asalto por parte del MAS en cuatro flancos, 1) guerra comercial, 2) “cooptación clientelar”, 3) “detenciones de dirigentes” y 4) “políticas de divisionismo”. Dice que la tensión entre coca y estado se remonta a la colonia, pero el fenómeno reciente puede verse desde el siglo 20, cambia en 2006 y empeora en 2012. Eso explicaría por qué los hechos de 2019 fueron, para algunos, súbitos, pero para otros solo la punta del iceberg. La punta siendo aquí el periodo 2017-19 que inicia cuando la ley 906, la sucesora de la ley 1008 en materia regulación de la coca, fue promulgada. Spedding cree que la ley sucesora y sus adendas, si bien no lo hace explícito, promueve la descampesinización en los Yungas dando paso a una nueva clase de ex campesino, el “carpetero [comerciante minorista de coca]”.

Para contexto, el libro abre con un resumen donde se dice que la Reforma Agraria (1953) ocasionó una depresión en el mercado de la coca que duró hasta fines de los 1960s. Diez años más tarde, el negocio internacional de la cocaína, con los dictadores militares Bánzer y luego García Meza, disparó su precio hasta que la hiperinflación (1985) lo desplomó nuevamente. En particular García Meza (1980-81) inició un programa estatista al introducir las “licencias para distribuir coca”, un nuevo rasgo que según Spedding parece haber sido copiado del modelo Peruano, y que en cierta forma sigue vigente. La medida buscaba regular la mercancía pagando un precio bajo al mercado Yungueño y pidiendo otro más elevado “en sus agencias [las de García Meza]”, que estaban dedicadas a “fines no tradicionales” y cuyos clientes podían pagar el sobreprecio. Spedding dice que la ley 1008, de 1988, ha preservado esta idea de “mercados legales” bajo jurisdicción del poder ejecutivo, que productores Yungueños, acaso cegados por una política de amiguetes, aceptaron solo con escepticismo hasta los 1990s pero con arrojo desde 2006.

Spedding dice que en el curso de la década siguiente los mercados legales de coca siguieron siendo “el de ADEPCOCA en La Paz y el de Sacaba en Cochabamba”. La figura del “productor con carpeta al detalle [comerciante minorista de coca]” hizo su aparición en 2006, con la resolución ministerial 112, que en teoría aprueba una vieja demanda Yungueña de prescindir de intermediarios y vender coca directo al consumidor. Los requisitos para esto son un carnet de productor emitido por uno de los dos mercados legales, una orden comunal y una hoja de ruta sellada por DIGCOIN, una entidad supervisora. Pero Spedding dice que esta última entidad está situada de tal manera que regula todo el tráfico, así que la demanda Yungueña — que económicamente hablando me parece más bien liberal — siguió en manos del estado y pudo usarse a discreción como palanca política. La ley 906 reforzó esto igualando la cuota comerciable para comerciantes minoristas y para productores, lo que para Spedding fue “el primer indicio de que el gobierno había identificado a los carpeteros como cabeza de puente para perforar a ADEPCOCA”.

La agitación que todo esto ocasionó fue tal que el MAS tuvo que reforzar la represión directa. Cuando en 2012 empezaron a aparecer “Comités Ad Hoc” paralelos en La Asunta, esto fue para que distinguir entre la marcha extorsionada y la del desacuerdo legítimo fuese imposible a ojos ignorantes. El juicio a Franclin Gutiérrez, que fue discutido a través de todo el país desde 2018, es solo el ejemplo más visible, dice Spedding, en una serie de asaltos y trampas. Por ejemplo, ella menciona el asesinato a puñaladas de Miguel Coico en 2019, perpetrado por Rafael Lluta, carpetero de Riberalta. También la muerte del Teniente Sandoval en 2018, que el MAS denunció como una “emboscada”, pero que luego se supo que podría deberse a algo más cercano, porque el disparo había sido “a quemarropa”. La táctica general, dice Spedding, llegó más hondo que cualquier otro gobierno “neoliberal” precedente porque apuntó a quiebres de clase para dividir y debilitar a la oposición.

Mi comentario

El análisis de Spedding revela una debilidad crítica del sindicalismo agrario en Bolivia. Ella sospecha que en realidad ambos contendientes, MAS y ADEPCOCA, adolecen de “verticalismo” en su manejo del poder, por lo que líderes Yungueños fueron fáciles de corromper o amedrentar, y a su vez líderes del MAS, antes de capitular en 2019, creyeron de veras seguir contando con apoyo mayoritario. Esto no haría inútil a la política sindicalista, pero sí apunta a su tendencia a 1) centralizar el poder en una esfera “cupular”, 2) decidir sin preguntar a las “bases” y 3) imponer una “violencia simbólica” que “impide otras formas de argumento”. Los Yungas y toda Bolivia corren grave peligro porque al fondo de esa tendencia hay una actitud antisolucionista. Confundirla por otra cosa empieza por ser “equivocado”, como dice Spedding, pero a la larga acaba volviéndose indiferente y hasta cómplice.

Me parece que uno de los aportes del libro es explicar el lado comercial de este problema. Spedding sugiere que cuando es más astuta, la táctica del MAS es siempre una copia de sus predecesores marxistas. Pero esto realmente no debería ser una novedad, mientras que el mercado de la coca es poco entendido más allá de sí mismo, en parte porque es cierto que cada Boliviano y Boliviana conoce solo una fracción de su país. Si esa ignorancia fuese criticada en serio, sería menos fácil dividirnos. Hoy en día el MAS tiene éxito porque lucha mejor que el resto, y eso debería cambiar. La implicación aquí es que ADEPCOCA debe reconocer la ineficacia de sus medidas anteriores. Si quiere vencer el asalto que se le infringió, no debe derramar más sangre. Puede responder según las reglas de la guerra comercial que le ha declarado su propio gobierno.

(*) Joaquín Tapia Guerra es crítico literario y cineasta.