Poder y masacre en El Alto: la mafia sindical alteña. De Abraham Delgado Mancilla

Por Joaquín Tapia Guerra (*)

En su libro, Mancilla dice que la palabra masacre “no debería reducirse solo a un asalto armado militar o policial”, sino a “toda forma de matanza en la que las víctimas son personas indefensas”. De este modo, sostiene, se hace posible apuntar al uso politizado de protestas y singularizar protestantes cuando estos también cometen abusos. Desafortunadamente, entonces entra en juego la salvedad de que puede volverse absurdo determinar exactamente qué no sería político acerca de una protesta. Pero el punto de vista de Mancilla sigue siendo destacable, especialmente en una época en que, al lidiar con nuestra propia historia de violencia, una masacre solo ha de ser vista como una subasta de culpa, cosa que desde luego no resuelve nada. Mientras tanto, las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en Noviembre 2019, todavía no son bien comprendidas. Están en pleno trabajo siendo convertidas en una especie de consigna — “Noviembre en la memoria” — pero resta por ver quién quiere realmente mirarlas a los ojos. Una cosa es segura: estas masacres han cambiado la forma en que pensamos la represión. Y negarlas no tendría sentido, pero pensar que son fáciles de interpretar o que apuntan el dedo en una sola dirección es aún más ridículo. Lo que sigue es mi reseña de la investigación de Mancilla sobre una anterior y menos renombrada masacre. Comparar es siempre una buena forma de repensar definiciones.

Primero un breve resumen

Poder y masacre en El Alto: La mafia sindical Alteña es un trabajo de periodismo investigativo en busca del verdadero objetivo detrás de la masacre de la Alcaldía de El Alto del 17 Febrero 2016. Del capítulo uno al tres da un contexto histórico sobre cómo El Alto logró la autonomía municipal, cómo la Universidad Pública de El Alto (UPEA) logró su propia autonomía y cómo estos dos hitos jugaron un papel decisivo en la expulsión del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 Noviembre 2003. Del capítulo cuatro al ocho hace una revisión detallada del asalto a la Alcaldía de El Alto y el trasfondo sindical de este episodio, con hipótesis sobre quiénes lo orquestaron y qué podría haberlos motivado. Para estas hipótesis, Mancilla hace uso extenso de evidencia primaria, testimonios personales y reportes de prensa. Por eso su propuesta, que la crisis del sindicalismo en El Alto puede leerse como el estallido de una “mafia”, es sin duda fuerte, pero a fin de cuentas convincente.

Mancilla nació en Inquisivi, provincia en el sudeste de La Paz ubicada a unos 250km de la ciudad. Desde 1998 estudió administración de empresas en la UMSA, en La Paz, luego en 2009 empezó a estudiar derecho en la UPEA, en El Alto, y actualmente está haciendo una maestría en CIDES-UMSA, una rama de posgrado de la UMSA enfocada en estudios de desarrollo. Mancilla dice que fue un activista de primera línea en la UPEA entre 2000-08. Incluso sostiene que fue un co-fundador de esta universidad y que ayudó a que esta alcance el rango de institución autónoma. Aparte de una primera afiliación al Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), un partido político fundado por Felipe Quispe (alias El Mallku), Mancilla dice haber recibido otras invitaciones para iniciar una carrera política, pero que las rechazó. Su única preocupación es la teoría política, dice, y prefiere dedicar su tiempo a escribir libros al respecto. Actualmente no se suscribe a ningún partido, aunque uno de sus últimos libros trata justamente del difunto líder del MIP. Se lo puede encontrar firmando alternativamente como A. D. Mancilla, Abrahama D. Mancilla o Abraham Delgado Mancilla, ha escrito cuatro libros y editado otros tres hasta ahora, el que reseño es el segundo de todos y aquí he usado la primera edición, de 2016.

El libro en cuestión

La tesis de Mancilla es que el sindicalismo Alteño sufrió una degeneración entre 1990-2016 debido al abandono de la filosofía del ayllu: “la comunidad antes que los intereses personales”. Dice que a pesar de un arranque admirable, el sindicalismo Alteño encontró influencias que han “contaminado” su “Aymaridad” durante los gobiernos de los ex Presidentes Sánchez de Lozada (1993-97, 2002-3) y Morales (2006-19), ambos concluidos con estos jefes de estado escapando del país. Para argumentar, Mancilla revisa la historia de la ciudad de El Alto y la divide en dos periodos, una “etapa constitutiva” (1957-85) y otra etapa de “débâcle sindical” (2000-16). El primer periodo abarca la lucha por crear una federación de juntas vecinales en El Alto, que avanzó poco a poco hasta obtener la autonomía municipal en 1984. El segundo inicia con esfuerzos parecidos, esta vez por la autonomía de la UPEA (2000-03), pero decae con la Guerra del Gas (2003), que Mancilla prefiere llamar una masacre, y con la llegada de un cruel dirigente sindical, Braulio Rocha (alias El Padrino de El Alto).

Mancilla dice que Rocha empezó su carrera importando vehículos “chutos” (no registrados), pero con el tiempo estableció conexiones. Según una informante de Mancilla, era Peruano y escapó de su país acusado de asesinato. La informante dice que empezó siendo financiado por un empresario llamado Robin Joffré, y que tiene documentos para probarlo, aunque estos no aparecen adjuntos en el libro de Mancilla. Joffré es conocido por haber sido dueño de varias empresas dudosas (TREBOL, CLISA, COLINA) que recibieron contratos millonarios con la Alcaldía de El Alto. A medida que la red de Rocha creció, se hizo con el control de entidades públicas. También fue acusado de dirigir la Federación de Gremiales por más de quince años, a pesar de que el límite del mandato es de solo dos años — multiplicó por siete la duración de su mandato. La misma informante dice que Rocha “se cree el dueño de El Alto” y que incluso “trata feo al Presidente Evo”. Otro informante dice que Rocha y su cúpula dirigencial “no se dejan ver”, “están muy bien organizados” y “su trabajo es constante”.
Mancilla se pregunta por qué esta “decadencia moral” ha llegado a darse en el corazón mismo de los sindicatos que admira. Aunque comparte la versión de Edgar Cala sobre el mal “neoliberal”, piensa más bien que el auge de Rocha comenzó en serio durante el gobierno del MAS, gracias a la ley municipal 177 (2006), que ordenaba que 50% del cobro de “patentes” a los comerciantes minoristas debía ir directamente a las arcas de los Gremiales. Mancilla dice que toda queja sobre esta injusticia fue acallada con violencia porque el negocio consistía justamente en cobrar “tributos al estilo de las mafias comunes”. Pero en 2015, con la gestión del Alcalde Edgar Patana a punto de acabar, se denunció que este tributo había alcanzado los tres millones de bolivianos (unos $400,000) anuales y que en los últimos diez años no se sabía a dónde había ido todo este dinero. A causa de esto Patana perdió las elecciones siguientes (2015) y Soledad Chapetón, la nueva Alcaldesa, abrogó la ley municipal 177.

Rocha & Cia. perdieron así su principal fuente de ingreso y su respuesta fue organizar una marcha “en defensa de la educación fiscal y gratuita” para el 17 Febrero 2016. Crucialmente, la marcha debía llegar al edificio de la Alcaldía a lo largo de su ruta. Aunque funcionarios de la Alcaldía pidieron a la policía que vigile sus instalaciones dos días enteros antes de la fecha anunciada, la policía no llegó al sitio sino hasta el medio día, al parecer porque se le ordenó que no lo hiciera. Para entonces se había producido un incendio, haciendo que los funcionarios tengan que huir por el techo del edificio. Seis personas murieron y 23 resultaron heridas. Seis días después, la periodista Amalia Pando recibió una carta de funcionarios de la Alcaldía explicando que el Dr Juan Laura, el abogado que investigaba los casos de corrupción de la gestión de Patana, había muerto de un golpe en la nuca que le rompió el cráneo, y no por asfixia, como indicó el médico forense. El incendio había sido provocado para encubrir el asesinato y quemar los documentos de la investigación, según Mancilla.

Mi comentario

Mancilla cree que la conexión entre este asalto y el gobierno del MAS reside en las declaraciones oficiales hechas tras el evento. Primero, dice, fue la “omisión deliberada”: el viceministro de gobierno, Marcelo Elío, diciendo que no hubo un asalto sino un “auto-asalto”. En su defecto, la “versión suave de solidaridad y condolencia cargando a algunos sospechosos”: la detención preventiva de Rocha al día siguiente. Puede que Mancilla tenga razón en esto, pero la falta de pruebas más contundentes es lamentable. Una protesta es simplemente mucho más difícil de hacer responsable que una sola persona. De todos modos, como indica Mancilla, la declaración de Morales no contradijo la de Elío, sino más bien añadió que toda esta desventura estaba pensada para debilitar a su gobierno de cara al próximo referéndum de 21 Febrero. El referéndum, como sabemos, es donde Morales pretendía plantear la idea de un enésimo mandato para sí mismo. Trabajando en equipo, él y Elío no olvidaron mandar sus condolencias a los parientes en duelo, claro.

Según Mancilla, esta es una técnica para superponer “dos corrientes de interpretación de los hechos” al preguntar, justo en medio de seis funerales, si esto fue realmente un asalto y no un auto-asalto. En otras palabras, que el incendio podría haber sido montado por los propios funcionarios de la Alcaldía. Y claro, entre líneas, que Rocha fue implicado pero su socios están en regla, quienquiera que sean, porque esta es la contraparte inevitable de la versión del auto-asalto. Es interesante notar que a Rocha, que antes se jactaba de tratar mal al presidente, finalmente le recordaron quién manda y quién no. Seguramente Rocha sintió todo esto más que nadie. En 2015, había famosamente amenazado a la Alcaldesa Chapetón como un verdadero Corleone, diciéndole: “Voy a ser tu pesadilla por el resto de tu vida”. Pobre Rocha. No pudo cumplir su promesa porque en 2020 se murió de diabetes. Lástima que es el único que estaba enfermo, porque aparte de las muertes, cosa que probablemente es un sacrilegio decir, resulta que Rocha no era Corleone después de todo. El verdadero Padrino sigue libre — por ahora.

(*) Joaquín Tapia Guerra es crítico literario y cineasta.