Por Joaquín Tapia Guerra (*)
Según datos compartidos en un reciente tweet del economista Gabriel Espinoza, incluso habiendo esquivado lo peor de la pandemia, el último gobierno del MAS hasta ahora ha vendido deuda a las AFPs por la enorme suma de 9,715 millones de bolivianos (poco más de $1,400m). En otras palabras, están tomando préstamos de los planes de pensiones de la gente a una escala casi dos veces mayor que la ex Presidente Áñez durante su gestión en 2020. Esto parece poner al Presidente Arce en línea directa con la Unión Democrática y Popular (UDP), el partido político que llevó a Bolivia de una inflación severa a la hiperinflación en 1985. El problema subyacente, como indica Pacheco, es que el gasto público, cuando es mal gestionado, puede catapultar la deuda hasta magnitudes bélicas. Pero el caso es que vivimos en tiempos de desdén generalizado por la alternativa, ya sea que se trate de disciplina fiscal, inversión extranjera, el capitalismo en sí — lo que sea. El desdén es especialmente fuerte en América Latina, pero el resto del mundo moderno no es ajeno a él. Así que pienso que solo puede haber una actitud que adoptar: averiguar si es que está o no justificado. Por supuesto, esto no es para condescender a nadie; mi opinión es que estamos todos bastante perdidos al respecto. Por eso, durante los tres siguientes posts, voy a abordar la alternativa tal como se conoce actualmente en América Latina, como “neoliberalismo”, desde el punto de vista de Bolivia, el punto de vista de los marxistas y el punto de vista de los propios neoliberales. La premisa de este plan es por supuesto el contraste: el único camino hacia una opinión informada. Entonces, para empezar, lo que sigue es mi reseña de la apreciación de Pacheco sobre las infames reformas “neoliberales” en Bolivia.
Primero un breve resumen
Políticas de crecimiento en democracia: Bolivia, crecimiento económico y bienestar 1980-2006 es una evaluación económica de dos paquetes de reforma estructural implementados en Bolivia entre 1985-97, primero con Estenssoro y luego con Sánchez de Lozada. Estos dos ex presidentes fueron ambos militantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), posiblemente el partido político más notable en la historia Boliviana moderna, al menos hasta el 2003 y la “crisis del sistema de partidos”, como la llama Pacheco. Su libro tiene cinco capítulos, el primero dibuja un cuadro de la economía Boliviana, el segundo describe las reformas como tal y los siguientes tres evalúan su impacto en los aspectos macroeconómico, social y político económico. Dado que el alcance del libro abarca el periodo 1980-2006, Pacheco cubre no solo las reformas, sino también la severa crisis que las motivó así como una pequeña parte de lo que vino después. Aunque su postura es explícitamente pro reformismo, él no presenta en absoluto una visión solo alentadora. Para tristeza de cualquier lector o lectora, al final dice: “se quiso, pero no se pudo”.
Pacheco nació en La Paz, estudió economía a fines de los 1970s en la UMSA y en los 1990s en CIDES-UMSA, una rama de estudios de posgrado. Su tesis doctoral, todavía inédita, trata de los procesos de crecimiento y desarrollo en Bolivia entre los siglos 19 y 21. Ha sido profesor de economía y ciencias políticas en la UMSA por 30 años, en los 1980s trabajó en el Ministerio de Minería, luego en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UMSA y en los 1990s trabajó en el banco central de Bolivia, el BCB. También fue investigador en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) entre 1994-96 y entre 1996-2005 lo fue en la Fundación Milenio, institución que luego dirigió hasta 2017. Por su cuenta y en colaboración, ha publicado hasta ahora unos doce libros, incluyendo un capítulo de Un siglo de economía en Bolivia 1900-2015, la más reciente historia económica del país, publicada en dos volúmenes en 2017. El libro que reseño aquí es el séptimo que escribió y he usado la primera edición, de 2008.
El libro en cuestión
La tesis de Pacheco es que las reformas llevadas a cabo en el periodo 1985-97 “significaron una modernización económica e institucional” para Bolivia en un momento de “agotamiento del modelo [de gobierno] estatista y proteccionista”. Si bien fue detonada por la crisis de la minería, dice, la primera hiperinflación de Bolivia hasta la fecha se explica de hecho por este agotamiento, una herencia colonial que colapsó entre 1980-85 debido al gasto público excesivo. El desglose de Pacheco de las verdaderas causas de la hiperinflación: 1) empresas públicas no lucrativas (YPFB, ENTEL, COMIBOL, ENDE, ENFE, LAB); 2) un número demasiado elevado de trabajadores en el aparato de estado (245,000 en aquel momento; según Beatriz Muriel, una economista en INESAD, había 500,000 en 2020); 3) volatilidad inherente a una economía demasiado dependiente de las materias primas; y 4) “monetización del déficit” por un banco central que no era independiente, sino que estaba controlado desde el poder ejecutivo. Pacheco dice que en consecuencia el déficit de 1984, 25.4% del PIB (9.7% en 2021, según el informe Milenio), era “el más alto desde 1950” y que entre 1982-85 se registró un total de 1,216 protestas.
Según Pacheco, las reformas que atendieron estos problemas, divididas en dos “generaciones” (1985-89 y 1993-97), buscaban primero estabilizar la economía y luego modernizarla. En principio, dice que se aumentó el aporte a las reservas nacionales; la recaudación tributaria se simplificó y descentralizó; se impuso que el poder ejecutivo haga aprobar sus presupuestos antes de ejecutarlos; se liberaron las tasas de interés y se disminuyeron los aranceles de importación; se suprimió la fijación de precios; una nueva moneda, el boliviano, fue creada; y se estableció un mecanismo para guiar el tipo de cambio, llamado “bolsín”. Para limitar el gasto público, 25,000 personas fueron sacadas de la planilla del estado. Pacheco dice que fue en este punto, hacia finales de 1985, que el precio del estaño cayó en 52.2%, así que otros 18,000 empleados de la empresa minera estatal de Bolivia, COMIBOL, tuvieron que ser despedidos, si bien con una indemnización. Dentro de todo, Pacheco dice que “por primera vez en siete años el desempeño de la economía fue positivo”, con un crecimiento promedio del PIB de 3.1% entre 1987-89.
El segundo paquete de reformas, también controversial, buscaba reforzar al primero, que a inicios de los 1990s había comenzado a estancarse. En este caso, una nueva constitución fue redactada en 1994 y varias leyes para una reforma judicial a gran escala fueron aprobadas. Pacheco dice la independencia del banco central finalmente fue impuesta (ley 1670); el sistema de pensiones (ley 1732) y el de educación (ley 1565) fueron reformados; se crearon programas de seguro médico (ley 2426 y otras); se descentralizó el control gubernamental (leyes 1551 y 1654); las empresas públicas que generaban déficit fueron privatizadas (o “capitalizadas”, en el tenor de la ley 1544); y para regular a estas empresas una nueva entidad, el sistema de regulación sectorial (SIRESE), fue creada (ley 1600). Dato interesante, aunque por esto se agradece habitualmente a la constitución de 2009, Pacheco dice que la “pluriculturalidad y multietnicidad del país” fueron primero planteadas por la constitución de 1995. Más aún, la inversión extranjera directa subió de 2.5% a 12.2% del PIB entre 1994-99, lo que Pacheco dice que significó mayores reservas nacionales y un sector de hidrocarburos más dinámico.
Pero los obstáculos eran muchos y demasiado duros. En conjunto, entre 1980-2006, quince años fueron de recesión o crecimiento bajo y doce fueron solo de crecimiento moderado. Citando causas adicionales de este bajo ritmo de progreso, Pacheco dice que varios shocks externos hicieron que la deuda externa fuera menos indulgente, por ejemplo las crisis financieras Mexicana y Asiática de los años 1980s y 1990s, así como la burbuja del dot-com en 2001. Especialmente, sin embargo, había un decisivo obstáculo interno: la distribución desigual de riqueza y educación. Esto concentró la mayor parte del cambio en las ciudades. Entre 1976-2001, dice, el cambio promedio en la atención de necesidades básicas insatisfechas fue de 27.3% en las ciudades pero solo de 7.7% en áreas rurales. Según Pacheco, esto causó un descontento que, sumado a un acuerdo de exportación para transportar gas natural por Chile (2002), fue atizado por la élite de izquierda para desenterrar la vieja desconfianza en el reformismo.
Mi comentario
El conocimiento de Pacheco sobre las reformas de 1985-97 en Bolivia presenta varios datos con los que nadie puede disentir, sea cual sea su línea política. Donde las cosas se ponen más complicadas es en el hecho de que Pacheco no da tanto peso al rechazo de Sánchez de Lozada a discutir la exportación de gas con la población en general. Según el concepto de Pacheco de inversión privada, que no es ingenuo, el acuerdo era potencialmente beneficioso para el país. Para él, el problema fue más bien la llegada de Morales a la presidencia porque, dice, significó “el desmantelamiento de las reformas”. Ahora bien, quien se apure mucho a discrepar con esa opinión, es probable que no haga nada con ella, aparte de cambiar el nombre del culpable y revertir la acusación. Si a eso llaman tener una línea política, adelante. Para el resto, ¿qué opciones hay?
Una respuesta que da Pacheco es simple, lo que no significa que sea fácil: la desigualdad es un problema ahora como lo fue en el periodo reformista. Eso no significa exactamente lo mismo hoy que en aquel entonces, y la clase media ciertamente ha crecido, pero hay todavía demasiadas personas en pobreza y sin educación. Eso ha impedido que la ciudadanía en su conjunto vea el beneficio de las reformas y empuja a grupos grandes, aun hoy en día, a votar en su contra. El anzuelo racialista también resuena profundamente en este escenario porque es la última moda en el discurso político, pero fundamentalmente porque el electorado ha cambiado sin las actualizaciones necesarias para que todo el mundo tenga una sensación de mejora. El problema, como dice Pacheco, es que las reformas “se producen lentamente y en el largo plazo”. Si se confunde enojo con libertad, simplemente nunca van a llegar. Por otro lado, y aunque la política racialista diga lo contrario, la libertad por suerte no es un privilegio de clase. Antes de hacerse tangible en el gobierno y la sociedad, y precisamente para que ello suceda, es primero algo que cada quien debe construir por su cuenta.
(*) Joaquín Tapia Guerra es crítico literario y cineasta.