Por Abdón Zárate (*)
La educación es uno de los derechos fundamentales, así en la Constitución Política del Estado, se describe que, “toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación” (Art. 17). El presente derecho fundamental atraviesa de manera transversal a la obligación del gobierno central, departamental y municipal.
La gestión de la educación es una “competencia concurrente” entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (Art. 299, num. II). En lo que se refiere a la infraestructura y equipamiento para el buen desarrollo de la gestión educativa se considera que es una competencia exclusiva del municipio. Es así que el Gobierno Autónomo Municipal (Ley Nº 482) tiene la obligación de proponer y ejecutar políticas públicas mediante la adecuada elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.
El presupuesto municipal debe ser adecuadamente gestionado sobre los gastos municipales, los mismos que se distribuyen en gastos de funcionamiento y gastos de inversión (Art.2, Ley Nº 2296). Los gastos de inversión “son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital físico de dominio público”, cuyo objetivo es el “mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia”.
Demandas de los padres de familia
En este contexto surge la demanda de los Padres de Familia de la ciudad de El Alto, quienes organizados en la Coordinadora Regional de Madres y Padres de Familia (COREMPAF), exigen el cumplimiento de las obligaciones del municipio. Después de agotar intentos de diálogo interinstitucional, los padres de familia deciden radicalizar las medidas para lograr ser escuchados por la alcaldesa, para lo cual deciden implementar un bloqueo indefinido.
En los medios de comunicación se titula: “Padres de familia inician bloqueos de las ‘1.000 esquinas’ en El Alto exigiendo atención a Copa” (La Razón, 08/06/2022). La medida del bloqueo de las 1.000 esquinas consiste en cerrar las carreteras, avenidas, calles y puentes que se consideran son de circulación masiva del transporte público y la ciudadanía. El objetivo es paralizar el normal desenvolvimiento de la ciudad, con lo que se buscaría obligar a la autoridad a generar un espacio de diálogo a fin de no perjudicar al pueblo alteño.
La Coordinadora Regional de Madres y Padres de Familia (COREMPAF), encabezado por Juan Carlos Laura, representa institucionalmente a los padres de familia, quienes tienen hijos/as en edad escolar o colegial. En El Alto existen 420 unidades educativas, las cuales tienen sus propias instituciones locales, como son las Juntas Escolares, sea primaria o secundaria. Esta organización local permite que los padres de familia en asambleas en unidades educativas decidan sobre el futuro accionar de sus representantes.
Reivindicaciones específicas
La reivindicación de los padres de familia se puede resumir en un pliego petitorio que centra su atención en los siguientes temas:
- Proyectos de infraestructura y equipamiento.
- Mantenimiento de Unidades Educativas.
- Dotación de implementos de bioseguridad.
- Pagos de los servicios básicos (agua, luz y gas).
- Distribución de Alimentos Complementarios (desayuno escolar)
- Pago de Bono del Programa Municipal de Apoyo al Desarrollo Infantil (PMADI).
- Reposición de los POAS de las gestiones pasadas.
Ciertamente, las demandas son distintas, dando prioridad unos sobre otros, incluso en cada unidad educativa. Por ejemplo, según la información de uno de los dirigentes de los padres de familia, en la presente gestión se estaría invirtiendo solamente 40 millones de bolivianos para infraestructura y equipamiento de centros educativos, cuando en la gestión anterior había sido 48 millones de bolivianos, reduciéndose el presupuesto educativo.
Mientras que el vocero de la alcaldía, Elvin Linares, informa que en la presente gestión la inversión en educación sería de 155 millones de bolivianos, los cuales estarían distribuidos en proyectos, programas, servicios, apoyo, entre otros (El Diario, 04/06/2022). Reconoce, asimismo, que la inversión en infraestructura es de 40 millones, además de resaltar otras inversiones como en trámites de derecho propietario, equipamiento deportivo, pago de servicios básicos, entre otros.
Desenlace del bloqueo indefinido
El bloqueo indefinido tuvo su contundencia, paralizando buena parte de la ciudad de El Alto, los días miércoles 8 hasta el jueves 9 de junio, cuando el movimiento vecinal decide centralizar su protesta en el Jach’a Uta. Según la evaluación de los padres de familia, la medida perjudicaría, de inicio, a la población alteña, que en su mayoría se dedica a la actividad informal, teniendo que trabajar al día a fin de sostener a su familia. La concentración de la protesta en las puestas del Jach’a Uta, donde funciona el Gobierno Municipal, busca sensibilizar al gobierno municipal, donde se encontraría la alcaldesa Eva Copa, además de las autoridades jerárquicas del municipio.
La alcaldesa Eva Copa había convocado a una reunión con los padres de familia para el día viernes a horas 7:00 am., en el Centro de Convenciones: Para este cometido, mediante los medios de comunicación, solicita la presencia de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, gestionado mediante notas específicas. Sin embargo, la reunión no pudo realizarse porque según los funcionarios de la alcaldía, la misma había sido “cercado” por los padres de familia. Por su lado, los padres de familia reiteraron que se realizó una “vigilia” en las puertas del Jach’a Uta a fin de lograr ser escuchados y obligar a la alcaldesa a instalar la reunión, a fin de solucionar el presente conflicto.
Los deslices discursos de Eva Copa
En la interpretación de la alcaldía, por su lado se habría “cercado” el municipio, impidiendo la salida de los funcionarios y de ella misma, por lo que se suspendería la reunión con los padres de familia, a fin de identificar otro lugar donde hayan garantías personales para los ediles. Estos vaivenes de la gestión municipal, se matiza con los discursos encendidos de los cuales había sido víctima la alcaldesa. En algún momento dijo, por ejemplo: “¡Dónde estaban ustedes, carajo, cuando nos estaban humillando! ¡Ocultados!», en una inauguración institucional.
En su balance actual la alcaldesa considera que la movilización de los padres de familia “tiene un móvil político”, es de “la ala radical del MAS”, otra “nos quieren matar” o finalmente, en tono provocador nos dice: “¡si quieren, vamos al revocatorio! Este lenguaje político manifiesta un tono autosuficiencia, muy propio de alguien que ganó la elección con un 67%. Sin embargo, este apoyo masivo, no supone aplicar una gestión autoritaria que no consensue con la población.
Desde el municipio deben evaluar seriamente esta actitud, porque a más de apagar el incendio lo enciende. No se olviden que las madres y padres de familia estuvieron por dos días en las calles, además de una noche entera realizando la vigilia, el mismo que en este frío alteño podría afectar incluso, a la salud personal. Actualmente la vigilia se mantiene. Evaluar con una mirada humanitaria el accionar del pueblo, a pesar de considerar que la misma sea equivocada, puede permitir acercamientos.
Necesidad del diálogo
El diálogo permite que ambos interlocutores puedan hacer conocer su percepción de la realidad, mediante el cual se pueda arribar a una solución consensuada, cediendo ambos en sus posturas. El diálogo de partes con intereses superiores, como es el de la educación, pero también considerando las limitaciones y necesidades puede ser una salida a la crisis en la gestión educativa del municipio. Diálogo, no estrategias políticas de desgaste, esa es la solución. No a la persecución jurídica, sí al diálogo.
(*) Abdón Zárate es filósofo y docente universitario.