Mientras algunos tienen miedo de perder su trabajo por el cambio de Gobierno, más allá de la capacidad que tengan para estar en sus cargos existe otro grupo de profesionales capaces que no son tomados en cuenta por no contar con activismo político en sus hojas de vida.
La expresidenta de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, Fany Nina, observó la falta de institucionalidad en la administración pública para proteger a los trabajadores que en cada cambio de gobierno «tiemblan de miedo» para no perder sus fuentes laborales.
“Hay dos problemas, uno es la falta de credibilidad en cuanto a la institucionalidad porque en Bolivia en las elecciones los trabajadores de ministerios, alcaldías o gobernaciones están preocupadas por el temor de ser despedidos, porque el partido que ganó las elecciones va a llegar y abarcará los espacios”, expresó en una radio local.
El segundo problema descrito por Nina es que, habiendo gente capaz para realizar un buen aporte no lo hacen, porque no son tomados en cuenta al no pertenecer a un determinado partido político, injusticia total, porque en lugar de ellos, son considerados a personas que solo hicieron activismo político, “gente sin capacidad”.
“Todos tenemos derechos al trabajo digno. Pero considero que esas son las dos debilidades que no se han superado. Es un desafío y un reto llegar a esos espacios. Lamentablemente en la política boliviana no se reconocen las capacidades del trabajo de varones y mujeres”, sostuvo.
Toma de instituciones
Tras la posesión de Luis Arce y David Choquehuanca como las nuevas autoridades de Estado, un grupo de militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) recorrieron varios ministerios para acusar a los funcionarios públicos de ser cómplices del presunto Golpe de Estado del pasado año, hostigándolos para que presenten su renuncia.
El grupo radical, primero se presentó en el Viceministerio de Descolonización, en el edificio La casa grande del pueblo, “golpistas”, “por dignidad deberían renunciar”, fueron las frases vertidas en un video que llegó a virilizarse a denuncia del propio exviceministro Rafael Quispe.
Posteriormente, no se sabe si se trata del mismo grupo, se presentaron en el ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para nuevamente intentar desalojar a los funcionarios públicos.
La actitud fue reprochada por propios y extraños, porque se puso en evidencia el interés particular de un determinado partido político para tomar las instituciones públicas, como un botín para beneficiar a personas que más allá de ser profesionales “levantaron bandera y hicieron campaña”.
