Referente a un exabrupto: La historia son hechos, no caprichos

Por Johnny Fernández Rojas (*)

Luis Vásquez Villamor

En la historia, la fuente primera es aquella de acceso directo a bibliografía fehaciente, o testimoniada por sus protagonistas y, finalmente, haber sido recopilada por uno de sus testigos.

Afortunadamente, en la historia contemporánea de la Ciudad de El Alto, existen todos ellos, que sirven de respaldo para un hecho, que hace unos días, se propaló falsa y sañudamente, a través de los medios masivos, acerca de las efemérides de la Ciudad de El Alto.

El 6 de marzo de 1985, la Ley 728 creó la Cuarta sección de la provincia Murillo con su capital El Alto, después de más de 30 años de gestiones, es decir, a partir de ese año nació jurídica y legalmente un espacio territorial con todas las prerrogativas constitucionales.

El 14 de julio de ese mismo año se realizaron las Elecciones Generales, fruto de la reducción de mandato del Dr. Hernán Siles Zuazo.

En esa justa eleccionaria, todo el país sufragó, al margen del presidente y vicepresidente, también se votó para senadores, diputados, concejales y munícipes, de acuerdo a su categoría legal de los pueblos.

Por ese mandato legal del 6 de marzo, y el amparo constitucional de El Alto, su población asistió a los centros de votación, para elegir a sus primeras autoridades municipales.

El resultado fijó: dos munícipes para de Acción Democrática Nacionalista (Juan Polo Maguiña y Daniel Santander Quenallata), un munícipe para el Movimiento Nacionalista Revolucionario (Martirián Vásquez Cabrera) y el último munícipe para el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (Velia Irusta Vásquez).

El 7 de noviembre de 1985, la Juez Séptimo de Instrucción en lo Civil, Marlene Terán de Millán, posesionó a estas autoridades. Posteriormente, y una vez instalados en el Teatro Municipal de El Alto, el flamante Ente Deliberante instaló su Primera Sesión, con el propósito de nominar a la Directiva interna, y una vez estructurada la misma, se procedió a la elección del primer alcalde, así señalaba la anterior Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley electoral.

Juan Polo Maguiña fue elegido como primer alcalde Constitucional de El Alto. Consecuentemente, él y los miembros de la Junta Municipal fueron las primeras autoridades municipales, producto de las urnas.

Luego, por problemas internos, le sucedieron en la administración municipal: Julio Muñoz Vargas y Simón Mamani Huanca. Así concluyó el primer periodo constitucional.

A finales de 1987, se realizaron las Elecciones Municipales; en esa justa eleccionaria, se impuso el MIR con dos munícipes, le siguieron ADN y Vanguardia Revolucionaria “9 de Abril”, cada uno con sendos munícipes, siguiendo la norma como fue dos años antes, la Junta Municipal, eligió a Luis Ángel Vásquez Villamor, como alcalde, quien después abandonó el cargo, a mitad de gestión.

Con relación al aniversario, la Ley de 1985 es considerada como el certificado de nacimiento y desde esa fecha, se contabiliza sus aniversarios, esa disposición jurídica y constitucional, así lo señala.

En cuanto a la Ley 1014 de 26 de septiembre de 1988, sólo cambia de razón social a El Alto, y la reconoce como “ciudad”, es decir le cambio su status.

En su paso fugaz por la Alcaldía Luis Ángel Vásquez Villamor se sujetó a estos eventos históricos, inclusive, él encabezó el III Aniversario de la El Alto el 6 de marzo de 1988, junto a los apresurados e inconsultos símbolos cívicos impuestos, actos publicados en el Programa Oficial de festejos, que se imprimió en su truncada gestión.

En los sendos mensajes de salutación de los programas oficiales de festejos, de 1988 y de 1989, el eventual y advenedizo alcalde enalteció la celebración del III y IV aniversario respectivamente.

Hace unas semanas, en medios masivos de La Paz, esta ex autoridad señaló que el 6 de marzo de 1989 la Ciudad de El Alto celebró su primer aniversario, producto de una coordinación con las organizaciones sociales. Por tanto, en 2022 celebró sus 34º. aniversario, y no 37º.

Afirmación definitivamente alejada de los hechos históricos.

Esa precisa fecha (6-III-89), la entonces gloriosa Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad de El Alto clamó la renuncia de Vásquez Villamor, porque no se alineó con el propósito que la comunidad alteña, que estaba implorando, desde los 15 días precedentes, la creación de la Universidad en El Alto.

Ese día, se cumplió la décima sexta jornada de una Huelga de Hambre, medidas antecedidas por movilizaciones, bloqueos, vigilias, mientras que él, como primera autoridad municipal, a tiempo de dar la espalda a la alteñidad, se regocijaba con sus jefes políticos de ese entonces.

Al día siguiente renunció y se fue a refugiar en las nuevas contiendas electorales, relegando así el juramento hecho para ser autoridad por el tiempo que la ley manda, y abandonó a ese pueblo que creyó en él, y como muchos otros, sólo se valió para sus intereses personales.

El pasado reciente 6 de marzo, esa ciudad orgullosamente cumplió 37º años de vida institucional, superando los permanentes sobresaltos propios de una comunidad en permanente construcción, sin importar que, en medio de ellas, se hayan infiltrado personas que no siempre se enderezaron a los lineamientos de esa comunidad alteña que pregona orgullosa: “El Alto de pie, nunca de rodillas”.

Las mal intencionadas afirmaciones de Vásquez Villamor no hacen más que confundir a la población, porque los “caprichos informativos” no tienen asidero en el marco legal, menos aún en la historia.
Afortunadamente, los protagonistas y testigos de esos hechos épicos de la década de los 80, aún están de pie.

Santiago Gregorio Romero Morales
Santiago Gregorio Romero Morales

Gregorio Santiago Romero Morales

  • Aceleró las gestiones para la lograr la aprobación de la ley 728 que creó la Cuarta Sección de la provincia Murillo con su capital El Alto desde 1981 a 1985.
  • Más después, lideró las gestiones para lograr la Ley 1014, que elevó a rango de Ciudad a El Alto de 1985 a 1988, y no otros advenedizos, que pretenden adjudicarse lauros impropios.
  • Los alteños tienen una deuda impagable con Romero Morales, más aún, porque él cubrió con sus exiguos y propios recursos económicos, las gestiones que exigieron esa reivindicación

(*) Johnny Fernández Rojas es miembro de “Estudiosos e investigadores” [email protected]

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